Abaratando el despido, eliminando convenios o echando a la calle
a miles de trabajadores públicos se destroza la capacidad de consumo.
La austeridad empobrece a los trabajadores y por tanto aumenta la recesión.
Por eso es necesario un plan para protegerel empleo y los salarios.
Un plan que empiece haciendo pagar a los verdaderos responsables de la crisis…
Impuesto a la riqueza y creación de empleo público: En Asturias hay más de 4.000 personas con un patrimonio que supera los 700.000 €. Con un impuesto del 6%, en vez del 0.67%, se obtendrían 195 millones de € anuales. Suficiente para contratar a 10.000 trabajadores en la atención a nuestros mayores.
Decomiso de las instalaciones: es posible hacer frente al chantaje patronal de cierre o deslocalización: el estado puede expropiar la fábrica.
Una empresa nacionalizada no necesita dar beneficios a sus accionistas. Es una protección para el empleo.
No es nuestra deuda: Los especuladores se enriquecen prestando a intereses impagables a los estados, lo que aumenta la deuda. Como hicieron antes otros países, el Estado puede negarse a pagar una deuda privada que no es nuestra.
Banca Pública: Que proteja los ahorros de las familias. Que no especule. Que facilite el crédito.
Que revierta todos sus beneficios a la sociedad.
35 horas semanales por ley sin disminución salarial. Trabajar menos para que trabaje más gente.
¿Imposible? No si se disminuyen beneficios del empresario.
Subastas públicas en sanidad: Andalucía ha ahorrado 40 millones de € anuales en medicamentos haciendo competir a las farmacéuticas mediante subastas. ¿Por qué no generalizar este modelo y extenderlo a prótesis, gasas, sueros…?
Nadie sin casa ¿Por qué no obligar a los bancos e inmobiliarias a pagar 500 € al mes por cada piso vacío? Si no bajan los precios, ¿por qué no expropiarlos para crear un parque público de vivienda con alquileres baratos o gratuitos para la gente sin recursos?
Mantener el empleo o devolver las ayudas: Suzuki, Aceralia… la lista de despidos y ERES es interminable. Pero es igualmente interminable la cantidad de subvenciones y exenciones fiscales a estas empresas, que han obtenido beneficios. Si despiden a la gente, el estado debe exigir que devuelvan las ayudas.